Una buena parte de los males que aquejaron al concejo de Llanes durante años y años tiene su origen en un pequeño anuncio aparecido en el BOPA del 21 de diciembre de 1988. En él se instaba a los interesados en realizar inversiones en Llanes a que presentasen sus proyectos, para que fueran incorporados a las Normas Subsidiarias Municipales, nombre que por aquel entonces recibía el plan urbanístico del alcalde Trevín. La intención era, lisa y llanamente, legalizar los negocios e inversiones que presentaran los constructores: esta era la filosofía urbanística de aquel momento, de la que el trevinismo jamás se apeó. Y así fue como comenzaron a llegar inversores foráneos que proponían a Trevín sus proyectos para Llanes. El entonces alcalde firmaba con ellos un convenio, basado en llenar de chalés las zonas más vistosas y apetecibles para dichos inversores, siempre de espaldas a los ciudadanos y al margen de cualquier control o alegación: este era el socialismo de Trevín. A partir del fatídico verano de 1990 fueron firmándose convenios como los de Cuevas del Mar, Miembru, Los Altares, Celoriu, La Talá y muchos más. La justificación era siempre la misma: la proximidad a Llanes y la “vocación” de los terrenos a ocupar.
Ni qué decir tiene que esta filosofía “socialista” generó un rechazo sin precedentes en toda Asturias, pues se estaban recalificando decenas de miles de metros cuadrados de terreno que unos meses antes era rústico, favoreciendo descaradamente intereses privados, los únicos beneficiarios, a costa de destruir las zonas con paisaje más atractivo. Para rematar, la CUOTA, con mayoría del partido del alcalde Trevín, validaba este planteamiento en su sesión del 30 de septiembre de 1992. Trevín sabía que los tribunales acabarían anulando este engendro, pero también sabía que, mediante recursos y apelaciones, tardarían el tiempo suficiente para llevar a cabo sus propósitos. Y en parte lo logró.
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